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domingo, 29 de junio de 2014

INE define nuevo mapa electoral a favor de Campeche



INE define nuevo mapa electoral (Clic para leer más...)

Por Javier Vite

En el nuevo mapa electoral, trazado recientemente por el Instituto Nacional Electoral (INE), la región de Calakmul figura, geográfica y oficialmente, como propiedad del estado de Campeche, que durante más de 20 años ha enfrentado un juicio por conflicto de límites territoriales contra el vecino estado de Quintana Roo que reclama el territorio como suyo.

Aunque autoridades quintanarroenes argumentan que el caso todavía no concluye en los tribunales federales, el INE resolvió el conflicto apoyado en el mapa electoral del Instituto Nacional de Estadística, Geografía (Inegi), así como en la decisión del Senado de la República de enviar al archivo el asunto.

Con esta decisión, el municipio de Calakmul fue reconocido como parte del estado de Campeche y así se diseñó la nueva geografía electoral que servirá como base para los próximos comicios.

En el nuevo diseño, el INE estableció que los habitantes de las comunidades en disputa limítrofe, Xpujil, Nuevo Becal, Xkanhá y Blasillo, son libres de elegir por cuál de estos estados quieren participar en los próximos comicios, lo cual lo determinará la documentación que presenten al inscribirse a la lista nominal.

Es decir, si un ciudadano de estas comunidades presenta un recibo de agua con dirección en Quintana Roo, podrá obtener una credencial para participar en los comicios de este estado; en cambio, si presenta un comprobante de domicilio de Campeche, podría votar en esa entidad. La decisión será de los propios habitantes, esto es permitido por una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de abril de 2013.

El INE decidió reconocer 33 secciones de Champotón y Hopelchén como parte del municipio de Calakmul, lo que representa unos 14 mil ciudadanos empadronados en Campeche.

Además, la naciente autoridad electoral decidió aceptar la definición de límites, elaborada por el gobierno de Campeche, lo cual mueve el Punto de Unión Territorial (PUT) al menos 15 grados hacia el este, “cortando” el municipio quintanarroense de José María Morelos por la mitad y quitándole una parte de su territorio a Bacalar, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto.


Para emitir su dictamen técnico-jurídico sobre la modificación de los distritos electorales, el INE decidió reconocer como válido el decreto 244, en el que se establecen los límites del entonces naciente municipio de Calakmul, que fuera publicado en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 1996 y modificado un año más tarde para detallar su territorio.

El INE también determinó otorgar a Campeche el polígono en disputa, a partir de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la instalación de las secciones electorales.

Además, justifica que fue el Senado el que en 2012 dio por concluido el asunto, a través de una intervención del senador panista Ernesto Cordero Arroyo, quien ordenó enviar la controversia al archivo. Así, el expediente se devolvió a la SCJN, sin que ninguno de los senadores por Quintana Roo opusiera resistencia al respecto. Ni Félix González Canto (PRI), ni Jorge Emilio González Martínez (PVEM), ni Luz María Beristaín Navarrete (PRD) intercedieron para evitar que la entidad perdiera esos 10 mil kilómetros de superficie.

El pasado mes de febrero, la Primera Sala de la SCJN, a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, resolvió cinco recursos de reclamación contra el gobierno de Quintana Roo, derivados de la controversia constitucional 21/2014, que presentó el gobierno de Campeche, apoyado por su Congreso local y los municipios de Calakmul y Hopelchén.

Tras haber admitido una nueva demanda de controversia constitucional presentada por el estado de Quintana Roo, la Primera Sala dijo que se trataba de un asunto que ya habían resuelto, y que no sería atendido de nuevo, por lo que la presentación de esta nueva controversia constitucional no procedió y se dio por concluido el asunto.

Una apelación legal podría llevarse otra década, mientras tanto, el territorio en disputa es reconocido oficialmente como parte de Campeche, tanto por las autoridades electorales como por el Inegi, lo que también pudiera representar una pérdida de recursos federales, e incluso internacionales.

Conflicto político. La historia reciente de esta controversia territorial se remonta al pasado 30 de enero de 2013, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio la razón a Campeche en el litigio por la redistritación electoral de Quintana Roo que incluía varias secciones electorales del estado vecino.

Tras el fallo del TEPJF, Quintana Roo tuvo que dar marcha atrás a su redistritación, por lo que se vio obligado a excluir a las secciones electorales 420, 425 y 427, que con el nuevo acuerdo del INE ahora pertenecen al municipio de Calakmul, con excepción de la comunidad de Gustavo Díaz Ordaz, que cuenta con 260 habitantes.

En aquel entonces, el ex diputado local Antonio Meckler Aguilera dijo que esto fue una estrategia del gobierno estatal para mantener la vieja redistritación electoral, ya que la nueva propuesta le significaba un escenario complicado al PRI para ganar los siguientes comicios.

Afirmó que en las elecciones anteriores, el ex gobernador Félix González Canto recurrió a la estrategia de crear un décimo municipio –Bacalar– para no verse rebasado por el avance de la oposición, por lo que no resultaba descabellada la idea de que hubiesen entregado a Campeche algunas comunidades que, históricamente, la entidad había reclamado como propias.

Meses más tarde, en abril de 2013, 545 ciudadanos establecidos en 16 comunidades que Quintana Roo se adjudicaba, promovieron juicios para la protección de sus derechos políticos y electorales ante la Sala Superior del TEPJF.

Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Electoral resolvió a favor de estas solicitudes, por lo que estos votantes, a quienes presuntamente el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) había otorgado credenciales, podrían sufragar siempre y cuando contaran con su identificación con dirección en Quintana Roo y estuvieran inscritos en el padrón electoral de la entidad.

Ante esta resolución, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Campeche (IEEC), Antonio Sabido Góngora, señaló que se trataba de una incongruencia que el Tribunal Electoral permitiera que una persona que vive en una misma casa vote en dos estados distintos, lo que llevó a una eventual queja ante la Junta Local Ejecutiva del todavía IFE en Campeche.

En ella, se acusó a funcionarios quintanarroenses de llevar a cabo una campaña de desinformación en la zona limítrofe mediante publicidad que los incluía en el proceso electoral de 2013, a pesar de que las comunidades no pertenecen a Quintana Roo.

El cuerpo de la denuncia acusaba directamente a Juan Álvaro Martínez Lozano y José Francisco Croce Flota, ambos vocales ejecutivos del entonces IFE en Quintana Roo, como artífices de la campaña de desinformación en las poblaciones de “Lázaro Cárdenas” y “Cerro de las Flores”, donde se dejaron ver vallas publicitarias en las que se identifica a esas poblaciones como quintanarroenses (Luces del Siglo 518).

Y esa no fue la única artimaña electoral, a unas semanas de los comicios que tuvieron como resultado “carro completo” para el PRI, se denunció el cambio de domicilio de ciudadanos campechanos y yucatecos para que votaran en Quintana Roo de manera ilegítima. Lo llamaron “turismo electoral” y exigieron a las autoridades que aplicaran las leyes en su contra.

Hasta la fecha, ambos casos siguen impunes a pesar de las pruebas presentadas por los partidos de oposición, que fueron avasallados en las urnas.

Lo ignorado y lo perdido. Previo a la conformación de sus mapas, en 2010 el Inegi informó a todos los estados la metodología a seguir para realizar su conteo.

Posteriormente, el organismo reconoció que nunca pudieron localizar el oficio entregado a la Oficialía de Partes de la Secretaría de Gobernación, en el que se informaba a Quintana Roo sobre un demérito de 27 mil 581 habitantes no asignados a la entidad, y que los datos se utilizarían de esa manera de forma oficial.

El entonces gobernador Félix González Canto tuvo conocimiento de los nuevos límites territoriales, pero ignoró las advertencias que finalmente le dieron a Campeche unas 125 comunidades en la línea divisoria entre ambos estados, además de otras 66 colindantes con el estado de Yucatán.

El mismo análisis del Inegi advierte que esta reducción de territorio impacta directamente en el índice de marginación y el rubro de pobreza extrema para la asignación de recursos ordinarios y la requisición de recursos extraordinarios, que significarían pérdidas por alrededor de 100 millones de pesos, según el consejero Jurídico de Quintana Roo, Raúl Labastida Mendoza.

Tras el resolutivo de la SCJN, Labastida Mendoza afirmó que el acuerdo no daba la razón al estado de Campeche, ni mucho menos quitaba territorio a Quintana Roo, aunque sí acusó que el dictamen del INE malinterpreta antecedentes de ambas entidades, y calificó de la creación del municipio de Calakmul de “indebida” .

Sobre el “carpetazo” que le dio la Cámara Alta al tema, el consejero Jurídico del gobierno estatal consideró que Ernesto Cordero actuó de forma ilegal, porque nunca se dio una solución de fondo y ni el Senado tenía competencia en la materia, toda vez que aún correspondía a la Suprema Corte, e insistió en que la resolución no era de fondo, sino un asunto “meramente incidental”.

En esa ocasión, afirmó que se haría uso de todos los recursos legales en la controversia con el estado de Campeche, “pues todo mundo sabe que existe un proyecto a favor de Quintana Roo”.

Ahora que el INE ha resuelto dar el territorio a Campeche y Yucatán, su vecino Quintana Roo posee municipios mutilados y tiene 10 mil kilómetros menos, además de que se vislumbra cada vez más lejana la meta del gobernador Roberto Borge Angulo, de ganar la “lucha por la soberanía”, que asumió desde los primeros días de su mandato. 

Fuente: Luces del Siglo

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