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sábado, 9 de noviembre de 2013

Calakmul / Lo que es de nosotros...



Ramón Vera Herrera

A mediados de julio, la situación estalló después de que, según los pobladores, como a las 8:00 de la mañana llegaron dos camionetas con logotipos del DIF estatal con integrantes de la PGJ vestidos de civil secuestraron a 4 de ellos al mismo tiempo que confiscaron una camioneta Toyota, para posteriormente fabricarles cargos por extorsión a turistas “obligados a utilizar el servicio de transporte que proporciona la comunidad, lo cual es absolutamente falso”. La gente del ejido montó un plantón para la liberación de sus detenidos y éstos fueron liberados tras un amparo interpuesto por los ejidatarios.

El fondo del asunto es que desde fines del año pasado los ejidatarios comenzaron a cobrar el peaje que antes cobraban las autoridades del municipio y ahí se percataron de todo lo que entra. Dice un boletín de prensa que emitieron en los días de su plantón: “Desde hace varios años los pobladores exigen beneficiarse por el uso de su territorio como por derecho les corresponde [...] pero el gobierno se ha negado ya que pretende otorgar permisos a empresarios para construir hoteles y restaurantes en la reserva ecológica y zona arqueológica. Por otra parte, el gobierno desde hace muchos años les ha ofrecido por diversos medios una indemnización para expropiar esta parte de su territorio, a lo cual se han negado en varias ocasiones”.

María Valladares Arroyo, una de las ejidatarias, interviene: “El delegado de Turismo dijo, yo les vengo a proponer un negocio, miren, dice, ahí están los cochecitos, los trenecitos, para que lleven a los turistas. Y nosotros nos dimos cuenta que este tipo no nos olía nada bien. Los cochecitos y la caseta que está allá en el kilómetro 20 se les van a quedar ustedes, decía el hombre, pero a cambio de que la pluma (donde se cobra el peaje) se vaya al kilómetro 20”. Esto haría que las entradas no pudiera cobrarlas el ejido, aunque los visitantes igual tuvieran que cruzar el territorio de Conhuás para llegar a la Reserva. “Y nos empezaron a suspender todo lo que es apoyo, todo. Pero nosotros ahora somos los que cobramos. Ahí nos dimos cuenta cuál era la jugada de Xpujil. Se llevaban todo el dinero”.

Y tercia Rocío Barrientos: “Sí, sí, exactamente, este dinero lo viene recogiendo el municipio Xpujil como desde hace quince años y a nosotros pues nos daban un poquito, una miseria y contentos, pero claro, qué es lo que pasa, que teníamos un mal comisario de bienes ejidales. Con ese mal comisario no teníamos apoyo ni idea de lo que ocurría. La pluma siempre ha estado en nuestro territorio, pero nunca habíamos cobrado nosotros. Ahora que ya cobramos ya nos dimos cuenta”.

Revira María Valladares: “Esta mala autoridad no se puso las pilas pero varias ejidatarias comenzaron a decirnos que peleáramos por el peaje, y entonces decidimos cambiar al comisario. Piensen en todo el usufructo que representa ese dinero. Y nosotros dijimos pues nadie lo va a manejar más que nosotros. Cuando comenzamos la recolección del dinero, todas las instituciones se nos vinieron encima, pero por el peaje. El gobierno lo que quiere es el peaje, eso es lo que él quiere, ése es todo el problema de nosotros. La carretera para ir al sitio arqueológico pasa en los primeros veinte kilómetros de nuestras tierras del ejido Conhuás, dentro de nuestro territorio, si no no habría acceso. Ahora se escuchan rumores de que pretenden abrir otra carretera. Si lo hacen buscando entrar por otra comunidad, van a deforestar más selva, porque si la quieren meter por otra comunidad tienen que deforestar en esos terrenos ejidales, tienen que deforestar en la Reserva de la Biósfera, lo cual no deben, porque no se puede ni extraer, ni introducir especies, ni tampoco talar ni nada”.

El comisario ejidal recién electo, Eduardo Damián Oliveros, interviene: “Nosotros lo que defendemos es que hay documentos agrarios que nos amparan: somos los dueños desde 1930 cuando se fundó el ejido, y la dotación dice que donde vivimos es por donde pasa ese camino, la ampliación forestal que le dicen. Ahí es donde estamos, eso es de nosotros. La ley agraria nos ampara, y por tanto tenemos derecho a un peaje por derecho de paso. Nosotros dijimos: por qué este derecho de paso lo cobra el municipio, si el municipio no es el dueño. Y ésa es la resistencia que nosotros tenemos. Por qué alguien va a venirte a administrar tu casa cuando la casa la debe de administrar el dueño. Ahora, se le acabó la administración al gobierno, porque nosotros de algún modo ya se lo hicimos ver: es nuestro. De ahí vienen todas las represiones”. Y remata: “Es un dinero que asciende a más de un millón de pesos por año. Ése es su coraje. Que ese dinero no se lo estamos dando”.

Fuente: La Jornada

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