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viernes, 17 de abril de 2009

Proponen reformas a la Constitución en materia de secuestro

San Francisco de Campeche, Cam., jueves 16 de abril del año 2009.

En su carácter de integrante del Constituyente permanente de la Federación, el Congreso del Estado de Campeche aprobó por unanimidad el dictamen relativo a una minuta remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para reformar el párrafo primero de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La precitada modificación es con la finalidad de fijar las bases para el establecimiento de una política criminal integral en materia de secuestro, que permita una acción efectiva y coordinada del Estado mexicano en la prevención, persecución y sanción de este delito que tanto daño hace a la sociedad.

Asimismo tiene el propósito de establecer la facultad expresa del Congreso para expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, dejando a cargo del Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de delincuencia organizada.

Durante la VI sesión del actual periodo ordinario, se recibió una Minuta remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para adicionar un segundo párrafo al Artículo segundo transitorio y un artículo tercero transitorio al decreto por el que se declaran reformados los párrafos quinto y sexto, y se recorre el orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La anterior modificación se refiere a la efectiva implementación de la reforma constitucional de 2005 por el que se adoptó un nuevo modelo para la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes, que implica crear una legislación especial, la conformación de instituciones y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para personas a partir de los 12 años cumplidos y hasta los 18 años.

No asistieron a la sesión de este jueves 16 de abril los diputados Gloria Aguilar de Ita, Gaspar Alberto Cutz Can, Alejandro Gallegos Valdez, Mario Enrique Pacheco Ceballos y Fermín de Jesús Chuch Uicab, éste último sin permiso de la Directiva.

Y de acuerdo al orden del día, se dio lectura a la correspondencia enviada por los Congresos de los Estados de Guerrero e Hidalgo, y por la Tesorería del Ayuntamiento de Hopelchén.

En asuntos generales los diputados Arturo del Carmen Moo Cahuich, Naurea Martina Cruz Vázquez, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Uvaldo Enrique Rivero Novelo y Erick Stefan Chong González, abordaron el tema de la construcción de la refinería, que finalmente será en el Estado de Hidalgo; el diputado Luis Eduardo Vera Vera mencionó que desde hace 20 años la comunidad de Juan de la Cabada Vera no tiene agua; el diputado Erick Stefan Chong González presentó un punto de acuerdo para crear el Instituto de Estudios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado, y el diputado Diego Pablo Palomo Kú se refirió al daño que ocasionan a las casas las explosiones que lleva a cabo la Administración Portuaria Integral en Seybaplaya.

ENTREGAN CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Luego de la sesión, la primera Secretaria de la Directiva, diputada Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos, entregó la Cuenta Pública del Gobierno del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2008 a la Comisión de Vigilancia, y ésta a su vez a la Auditoría Superior del Estado, a fin de iniciar los trabajos de análisis y revisión de la misma.

En evento efectuado en la sala de juntas “María Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo, recibió la Cuenta Pública del Gobierno del Estado el diputado Humberto Javier Castro Buenfil, presidente en funciones de la Comisión de Vigilancia, acompañado de la diputada María del Carmen Pérez López, integrante también de la precitada Comisión.

En el mismo acto, el diputado Castro Buenfil entregó la Cuenta Pública al contador público Jorge Martín Pacheco Pérez, Auditor Superior del Estado.

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