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sábado, 27 de diciembre de 2008

Negligencia mortal

Una firma de abogados estadunidense reconstruyó el choque de plataformas petroleras en la Sonda de Campeche en 2007 y concluyó que Pemex y media docena de empresas trasnacionales –algunas de ellas involucradas en otros escándalos judiciales– fueron responsables del desastre por el cual ha iniciado una demanda en su contra en una corte de Texas.

Familiares de las víctimas de la plataforma Usumacinta de Petróleos Mexicanos (Pemex), que chocó contra el pozo Kab 101en octubre de 2007 durante una tormenta mar adentro en la Sonda de Campeche, han acudido a una corte en Estados Unidos para que las muertes de los trabajadores no queden impunes.


Emilio Godoy/ Proceso


MEXICO, D.F., 27 DE DICIEMBRE /Familiares de las víctimas de la plataforma Usumacinta de Petróleos Mexicanos (Pemex), que chocó contra el pozo Kab 101en octubre de 2007 durante una tormenta mar adentro en la Sonda de Campeche, han acudido a una corte en Estados Unidos para que las muertes de los trabajadores no queden impunes.
La víspera de que se cumpliera un año del desastre, parientes de tres de los 21 fallecidos y de 19 de los 63 heridos demandaron a Pemex y a las empresas estadunidenses Gulf Coast Marine & Associates Inc. (y a su empleado Glen Carter), Batelle Memorial Institute, Baker Hughes Inc., Schlumberger Limited, Halliburton Company (ligada al vicepresidente estadunidense Dick Cheney) y Vetco Gray Inc., ante la Corte del Distrito Este de Texas, presidida por el juez Thad Heartfield.
En el expediente número 9:2008cv00200, en poder de Proceso, se les culpa directamente por la tragedia ocurrida el 23 de octubre de 2007 en el Golfo de México. Los cargos son: negligencia, defectos de diseño, estricta responsabilidad de los productos y mal estado de las embarcaciones de emergencia. No se especifica la suma solicitada por daños y perjuicios.
Precisa que los acusados fueron negligentes al no colocar la plataforma móvil Usumacinta en una posición idónea respecto de la plataforma fija del pozo Kab 101, así como en no propiciar “un ambiente de trabajo seguro”, de no dotar de “botes salvavidas en funcionamiento” y de no realizar “esfuerzos de rescate a tiempo”, según el documento, de 21 páginas de extensión.
Kurt Arnold, abogado de la firma Arnold & Itkin, y que junto a Cory y Jason Itkin representa a parientes de los trabajadores muertos y sobrevivientes, declaró a Proceso que “nuestros investigadores encontraron que las empresas tienen responsabilidad en el accidente”.
Ese despacho, que trabaja en el caso al lado de los abogados Hubert Oxford III y IV, de la firma Benckenstein & Oxford –ambos con sede en Houston y especializados en casos de accidentes en instalaciones petroleras–, reconstruyó el percance, tal y como quedó plasmado en el expediente.
Familiares de las víctimas decidieron proceder judicialmente en contra de los acusados puesto que Gulf Coast Marine era la encargada de equipar el remolque; Batelle presta a Pemex una gama de servicios, entre ellos evaluación ambiental para las exploraciones offshore mediante una alianza con el Instituto Mexicano del Petróleo; Baker Hughes tenía equipo dentro o cerca de las plataformas; Schlumberger manufacturó las válvulas del pozo Kab 101 desde las cuales se produjo la fuga de aceite y gas; Halliburton y Vetco Gray mantenían personal y equipo dentro o cerca de las plataformas; el operario Glen Carter –empleado de Gulf Coast Marine– conducía la plataforma el día del accidente, y Pemex operaba la obra.
“Acudimos a una corte en Texas porque las familias se sienten más cómodas y seguras allí que en un tribunal mexicano; sus derechos estarán mejor protegidos aquí”, señaló Arnold, cuyo despacho ha ganado varios juicios a favor de trabajadores lesionados en obras petroleras.
Además, Gulf Coast Marine, Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton y Vetco Gray tienen su sede en ese estado, donde también opera PMI Services North America, subsidiaria de Pemex.
El 23 de octubre de 2007, las condiciones climáticas ocasionaron el choque de la plataforma Usumacinta, ubicada a 75 kilómetros de Ciudad del Carmen, contra el pozo Kab 101, lo que generó una fuga de aceite y gas que obligó a evacuar a las 81 personas que trabajaban en esas instalaciones. El pozo estalló y la plataforma se incendió. Luego, 21 empleados murieron cuando los botes salvavidas o mandarinas se inundaron y zozobraron, en tanto que una persona permanece desaparecida. Los heridos “fueron abandonados en la Bahía de Campeche durante un huracán y en insoportables aguas saladas durante unas 20 horas”.
Por ello, los afectados sufren de “estrés postraumático, ansiedad, depresión y otros padecimientos”. Además, los sobrevivientes sufrieron “daño corporal y costos médicos” y han experimentado y experimentarán “dolor y sufrimiento, angustia mental y pérdida de salarios y de capacidad productiva”.
La demanda acusa a Pemex de tratar sobornar a la población local “en un intento por esconder los restos de los botes, mientras anunciaba públicamente una investigación completa de tres fases en colaboración con Batelle (una de las empresas demandadas) para determinar la causa del accidente”.
Aunque los abogados de las víctimas no han logrado reunir a todos los afectados, Arnold espera que más querellantes se sumen al proceso.


Irresponsabilidad


El 31 de octubre de 2007, una semana después del accidente, Pemex encargó a la empresa Batelle realizar una investigación interna sobre las causas del percance. Además, solicitó al premio Nobel de Química mexicano Mario Molina encabezar una comisión independiente que hiciera su propia investigación. Un año después, el 31 de octubre de 2008, Batelle y la llamada comisión Molina presentaron sus informes.
A pesar de achacar al mal tiempo y al “pánico y desorden” los decesos de los trabajadores, esos reportes insinúan la irresponsabilidad en materia de seguridad industrial y capacitación observada por las empresas involucradas en la operación de la plataforma siniestrada.
Mientras Batelle reconoce que “el evento climatológico no fue evaluado correctamente” –un tema que es de su competencia por los servicios que proporciona a Pemex” –, el informe de Molina resalta que “no se tenía conciencia de que un fenómeno meteorológico como el que afrontó la plataforma Usumacinta pudiera ocasionar que ésta se desplazara respecto de su posición original”.
Además, “la capacitación de todo el personal para reaccionar en forma apropiada y segura en casos de emergencias no fue la adecuada. No se tuvo el conocimiento de cómo actuar dentro de los botes salvavidas y de las maniobras que deben realizarse, ni cómo sobrevivir en el mar”, señala la comisión Molina.
Sin embargo, la demanda presentada en Texas resalta que los botes salvavidas de Pemex “no estaban aptos para sus objetivos, no eran seguros y no estaban en buen estado”.
A su vez, Baker Hughes, Halliburton y Vetco Gray “contribuyeron al ambiente peligroso al no proveer de supervisión apropiada y equipo a las plataformas Usumacinta y/o Kab 101”.
Respecto de las válvulas de Schlumberger, el expediente subraya que “tenían un diseño deficiente, porque carecían de un sello hermético, aumentando significativamente el riesgo de una fuga de petróleo y gas potencialmente peligrosa e incesante en la plataforma”.
Sin el sello hermético, los trabajadores de Pemex “fueron incapaces de cerrar completamente las válvulas luego de la colisión de la plataforma”.
T. R. Massey, vocero de Batelle, dijo a Proceso que “no había comentarios” respecto a la demanda, mientras que el resto de los acusados no respondió a las comunicaciones de esta revista.
En dos o tres meses, según explicó Arnold, el juez estadunidense citará a las primeras audiencias y la parte acusadora ya planea filmar los interrogatorios a las víctimas y sus familiares y los representantes de los enjuiciados.
Por lo pronto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso en noviembre pasado una multa de 2 millones 629 mil 500 pesos a Pemex por 24 omisiones detectadas en una investigación sobre daños ambientales provocados por el accidente.
A su vez, la Secretaría del Trabajo sancionó con 3 millones 257 mil pesos a las empresas Pemex Exploración y Producción, Perforadora Central, Servicios de Comisariato, Global Drilling Fluids de México, Prestadora de Servicios Prestoval y Central de Desarrollos Marinos por 228 violaciones a las normas laborales, según informó el 4 de noviembre el secretario Javier Lozano al diario Excélsior.



Episodios oscuros


No es la primera vez que algunas de las empresas acusadas en este juicio se ven involucradas en escándalos.
Según el Centro para la Política Responsable, dedicado a vigilar la influencia de las corporaciones privadas estadunidenses en la esfera pública, la empresa Batelle –fundada en 1923 y con oficinas en más de 100 ciudades en todo el mundo– ha gastado a lo largo de este año 520 mil dólares en cabildeo en temas como ambiente, presupuesto, defensa, energía, salud, seguridad interior, inteligencia y ciencia y tecnología, ante instancias como el Senado y la Oficina del Presupuesto.
Además, enfrenta una demanda colectiva de empleados y exempleados, interpuesta el 19 de junio de 2007, por la falta de pago de salarios y horas extra durante los seis años anteriores.
A ello se suma una acción provisional del Departamento de Energía, que el 3 de enero pasado emitió un Informe Preliminar de Violación en contra de la transnacional por una liberación de plutonio en diciembre de 2006 y por contaminación a causa de una fuente sellada de plutonio que se fugaba en junio de 2007 en el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico en Washington, operado por esa empresa. La multa propuesta fue de casi 290 mil dólares.
Por otra parte, en febrero de 2007, Vetco Gray Controls Inc., Vetco Gray Controls Ltd. y Vetco Gray UK Ltd., subsidiarias de Vetco International, se declararon culpables de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por sobornos en Nigeria y aceptaron pagar 26 millones de dólares en multas.
Y lo mismo ocurrió en abril de ese año cuando Baker Hughes Services International Inc., subsidiaria de Baker Hughes Incorporated, se declaró culpable por el soborno a un funcionario público de Kazajstán y por lo cual convino en pagar una multa de 11 millones de dólares.

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